En 2006 se promulgaba en España la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Una norma que debía suponer un importante avance en los derechos sociales de las personas que, por razón de edad o discapacidad, precisan de apoyos para su autonomía individual y su inclusión en condiciones de igualdad y dignidad.

 

La adversa coyuntura económica que está atravesando el país durante los últimos años ha condicionado la implantación de esta ley, que se ha visto limitada por diversos recortes y regulaciones. De entre estas, la que más rechazo ha suscitado por parte de los beneficiarios es la relativa a la participación en el coste de las prestaciones recibidas: el conocido como “copago”. Una reglamentación “carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio y que más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsa del sistema a las personas mayores y con discapacidad, por la enorme carga económica que deben aportar", afirma el CERMI.

 

De hecho, entre los años 2009 y 2013 la cantidad que aportan los usuarios del sistema de dependencia por las ayudas que reciben se incrementó un 68%, desde 960 euros a 1.613 euros de media. Tanto es así que en determinadas comunidades autónomas las personas en situación de dependencia deben aportar hasta un 90% del coste del servicio que perciben. Una situación que ha forzado a un inmenso número de beneficiarios a tener que renunciar a los servicios de atención que les garantizan una vida digna, obligándoles a sacrificar su inclusión y autonomía personal.

 

Por todo ello, el CERMI lanza la campaña de recogida de firmas "NO AL COPAGO CONFISCATORIO” con la que quiere obtener el apoyo de la ciudadanía para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular de reforma de la Ley, que modifique el copago y se lleve al Congreso de los Diputados para su admisión y debate.

 

Una reforma que pase por “una aplicación más justa y realista, con criterios de copago claros y equitativos, de tal forma que nadie quede fuera del sistema por no disponer de recursos y que la vida de una persona no dependa de su lugar de residencia”.

 

DOWN ESPAÑA se suma a este llamamiento a la ciudadanía en general, y muy especialmente reclama la atención del colectivo de personas con síndrome de Down, así como de los profesionales del sector y voluntarios, para que se movilicen y apoyen mediante su firma esta iniciativa para establecer unos criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social que por derecho les corresponde. Están en juego los derechos de millones de personas en nuestro país.

 

La Federación, tras la firme resolución de su Junta Directiva, quiere implicarse en la consecución de las 500.000 firmas que se necesitan para que prospere la iniciativa de modificación del copago, y ha decido adherirse a la campaña, con el apoyo de sus 88 entidades federadas, para recoger por lo menos 21.000 firmas de ciudadanos mayores de edad y con capacidad de ejercer su derecho al voto.

 

 

En los próximos días se enviarán a las entidades federadas los pliegos originales (con espacio para 36 firmas cada uno) donde los interesados deben estampar su rúbrica. Estarán, por lo tanto, a disposición de quien quiera apoyar la iniciativa en cada una de las asociaciones de DOWN ESPAÑA (puedes ver un listado en este enlace). Cada entidad organizará acciones para dar a conocer de manera local la campaña, y designará un fedatario que certifique mediante su firma la autenticidad de cada uno de los pliegos.

 

Una vez que los pliegos estén completos con las firmas cumplimentadas, DOWN ESPAÑA los recogerá para hacérselos llegar al CERMI y que la iniciativa prospere.